El Gobierno puso en ciculación unos US$ 1.738 millones en pagos realizados y gestionados para cancelar deudas a los proveedores y otras obligaciones, con el propósito de reactivar la economía y mejorar las condiciones del mercado laboral en Panamá.
Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas indica que la gestión de pago ejecutada en los primeros seis meses por la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen, benefició a 732 productores de arroz, maíz y leche, a 36 mil educadores del sector público, a más de 4 mil empresas proveedoras de bienes y servicios del Estado. Igualmente, favoreció a más de 20 bancos que financian viviendas con interés preferencial, a la Caja del Seguro Social (CSS), a la población beneficiada con el subsidio eléctrico y a la Zona Libre de Colón (ZLC).
Si los pagos a los proveedores y otras obligaciones no se realizaban, la situación económica y laboral de Panamá se hubiera deteriorado aún más. Esta acción evitó que empresas quebraran, que panameños perdieran su puesto de trabajo y le devolvió la confianza a la empresa privada y al sector agropecuario para producir y generar puestos de trabajo.
'El esfuerzo realizado por esta Administración para cancelar las cuentas morosas fue considerable. Al inicio del Gobierno, se encontró un gran número de obligaciones por pagar que no se habían registrado en el sistema contable porque no tenían partida presupuestaria. Por esta razón, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desplazó a una cantidad importante de funcionarios de la Dirección de Presupuesto de la Nación a las instituciones públicas, para realizar un inventario de las cuentas y obligaciones por pagar existentes hasta el 30 de junio de 2019' indica el reporte del ministerio.
Además, el MEF señaló, que una contención del presupuesto 2019 facilitó la aprobación de partidas presupuestarias para las cuentas morosas pendientes de pagos del 2018 hacia atrás.
El informe agrega que aunado a lo anterior se normalizaron los pagos a las empresas que ofrecen bienes y servicios al Estado. Esta decisión permite que los proveedores hagan frente a sus gastos operacionales e inversiones, lo que contribuye favorablemente a dinamizar la actividad económica.
En los primeros seis meses del Gobierno, se gestionaron cuentas por pagar al sector agropecuario por US$39,1 millones, beneficiando a 732 productores de arroz, maíz y leche, inyectando efectivo al campo, y devolviéndoles la confianza para producir y generar empleos.
Se gestionaron también pagos por US$39,3 millones al sector educativo. La suma cancelada benefició a 36.000 docentes de escuelas oficiales, a quienes se les adeudaba cuentas expiradas, sobresueldos, aumentos de salarios y vacaciones. Algunos educadores esperaron casi una década por estos pagos. La iniciativa favoreció la capacidad de consumo de miles de profesionales.
También se gestionaron pagos por US$718,2 millones a más de 4.000 empresas proveedoras de bienes y servicios del Estado. Casi todas las entidades tenían cuentas por pagar, sobre todo, el Ministerio de Obras Públicas, Presidencia, Educación, Salud, Economía y Finanzas, Seguridad y Vivienda. La cancelación de estos compromisos mejoró la capacidad de operación e inversión de los negocios y promueve la confianza entre sector privado y público.
Se pagaron además US$438.8 millones a más de 20 bancos que financian viviendas con interés preferencial. Una parte se canceló en efectivo (13%) y la otra con bonos (87%). El 99.9% de este monto corresponde a entidades bancarias con licencia general que facilitan financiamiento para la compra de casas y apartamentos.
Algunos bancos esperaron casi 10 años para que se cumpliera con este compromiso. Los pagos devuelven la confianza a la banca para financiar viviendas de interés social. Esta acción impacta favorablemente a la construcción, a la actividad de bienes raíces y a la propia banca, según el MEF.
Asimismo, se cancelaron US$421 millones a la CSS, entidad que se le adeudaba por concepto de aportes del Gobierno, cuotas obrero patronal, subsidios a los programas de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, entre otros. Algunas obligaciones por pagar a la CSS estaban pendientes desde el 2011.
Adicionalmente, se gestionó el pago de US$82 millones correspondiente al subsidio eléctrico que beneficia a casi un millón de hogares, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Finalmente, el Gobierno asumió US$83 millones que la ZLC adeudaba al Banco Nacional de Panamá. Esto permitirá que la ZLC abone aproximadamente US$12,5 millones por año hasta cancelar la obligación.
El pago de las cuentas por pagar y otras obligaciones es parte de una estrategia financiera que ejecuta el Gobierno Nacional para ordenar y mejorar la situación de las Finanzas Públicas, y reactivar la economía y el empleo en Panamá, concluye el informe.
