En una carrera contra el tiempo, los diputados intentan ponerse de acuerdo y construir un nuevo proyecto de ley para regular la operación de Uber y otras aplicaciones móviles de transporte.
Los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso decidieron apurar el paso para presentar el nuevo texto porque el plazo para que ese órgano legislativo dictamine -afirmativa o negativamente- vencerá esta semana.
"Estamos para cumplir el plazo. Estamos trabajando a nivel de la asesoría de las distintas fracciones, estamos revisando detalles. La idea es ver si nos podemos poner de acuerdo en un único texto, porque aquí la idea es generar un texto de consenso", dijo Roberto Thompson, diputado que representa al Partido Liberación Nacional (PLN) en esa comisión.
El legislador Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), reiteró que existe voluntad de todas las bancadas legislativas para trabajar sobre la base de un solo texto.
"Buscamos que las diferentes fracciones unifiquen criterios para que no sea el proyecto del PAC, de Liberación, de la Unidad, sino que sea un proyecto país. Todos tenemos claro que hay que regular las plataformas de servicio de transporte, pero también tenemos claro que debemos tener en cuenta a los taxistas", manifestó Carranza.
Sin embargo, el congresista Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expresó dudas de que se pueda llegar a un texto de consenso en el plazo establecido.
"Estamos en proceso (…) Entiendo que la idea es ver posiciones de todos y ver si se puede hacer un armado, pero está crudo eso. No veo que se resuelva esta semana", declaró.
Los diputados trabajan en un nuevo texto que guarde los equilibrios entre los intereses de las plataformas móviles de transporte y los de los taxistas, y que sustituirá la propuesta originalmente enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso
Regulación con límites
Thompson explicó que parte del debate gira en torno a demandas planteadas por los taxistas, como lo es la regulación a las plataformas móviles de transporte, pero con límites."Esos son los límites que estamos discutiendo porque ahí hay un tema que hay que determinar porque no existen estudios técnicos que justifiquen ese tipo de límites. Eso es parte de la discusión", afirmó el liberacionista.
Adelantó que su posición es que la regulación "sea lo más sencilla posible" y que incluya la posibilidad de acceso de los usuarios a las plataformas, y que esto se de en un ambiente de equilibrio a nivel de competencia".
Aseguró que, desde ese punto de vista, es muy probable que se propongan modificaciones a disposiciones de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi, con el fin de soltar algunas amarras.
Nivelar la cancha
El diputado Carranza, por su parte, declaró que el primer punto que se ha discutido es sobre la naturaleza privada o pública de Uber y otras plataformas similares."Hay consenso en irnos por la línea privada de las plataformas y mantener lo público con los taxistas", dijo el oficialista.
Reiteró que también se debate sobre los requisitos que se exigen a los taxistas para prestar sus servicios, con el propósito de "bajarles la carga para poder nivelar la cancha".
"Si los taxistas tienen que ir dos veces al año a Riteve y el otro no, esto se convierte en una traba, si ellos tienen una tarifa máxima, entonces también ver cómo podemos trabajar eso. Son temas que se han venido analizando", manifestó.
Carranza reconoció que otros de los puntos más importantes en discusión es sobre la cantidad de conductores de Uber -si es el 30% que plantean los taxistas, más de ese porcentaje o si no hay que regular esto- y si hay que establecer un cánon a las plataformas.
"Dentro de lo que se ha venido analizando, está si las plataformas -aunque paguen el IVA (Impuesto al Valor Agregado)- están utilizando un recurso público para hacer un negocio, que son las vías nacionales, y ver si deben pagar o no un cánon", agregó.
Los legisladores señalaron que ya no está en discusión la compensación económica para los taxistas, como lo propuso el Gobierno en el proyecto de ley, porque ellos ya renunciaron a eso.
Sin embargo, Rubén Vargas, dirigente de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), dejó claro la semana pasada que no renunciarán al cobro de daños y perjuicios sufridos -según ellos- por la operación de Uber en el país, demanda que plantearon desde 2016 en el Tribunal Contencioso Administrativo para cobrar una indemnización por las repercusiones provocadas desde el 21 de agosto de 2015, cuando comenzó a funcionar la aplicación estadounidense en Costa Rica.
Algunos congresistas sostienen que el nuevo texto podría estar listo este miércoles para su votación en la Comisión de Asuntos Económicos, pero otros lo ven difícil.
Si el proyecto es dictaminado esta semana, pasará al Plenario Legislativo para su discusión y votación en los dos debates reglamentarios.
