Por La Estrella de Panamá
El nuevo contrato que impulsa el gobierno de Juan Carlos Varela a través del proyecto de ley 766 en sesiones extraordinarias no solo otorgaría nueva vida jurídica a la concesión a nombre de Minera Panamá, sino que además ampliaría su derecho de extracción al oro. La discusión está pautada para iniciar el día de hoy, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, donde ocho de los nueve diputados que la componen no alcanzaron la reelección.
El contrato original concretado en 1997 concesionaba 13,600 hectáreas a Minera Petaquilla S.A. para la explotación de oro, cobre y otros minerales en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Después del abandono de la actividad por parte de Petaquilla, la canadiense First Quantum entra en el escenario y compra el 90% de la empresa; a través de una serie de acuerdos internos entre ellos, Minera Panamá extraería cobre. Sin embargo, como parte del proceso, también produce oro y molibdeno ‘en pequeñas cantidades'.
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), indicó que para cada metal que se pretenda extraer, la empresa debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según la compañía, el EIA que poseen es global.
La minera confirmó la producción de oro como ‘separación del metal secundario' y a través del método de gravimetría. Sin embargo, las facilidades para su procesamiento continúan actualmente en construcción, indicaron voceros de Minera Panamá.
Susana Serracín, abogada ponente de la demanda original interpuesta por el CIAM y cuyo fallo fue favorable -declarando inconstitucional la Ley 9 del 26 de febrero de 1997 que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla- confirmó que el proyecto de ley 766 le abre un radio de acción más amplio, incluyendo la explotación de oro en el nuevo contrato.
Un vacío legal no menor, ya que el precio del cobre se está cotizando a unos US$3 la libra, mientras que el oro se vende a US$1.200 por onza. El molibdeno se comercializa a unos US$13,50 la libra, según los prospectos de negocio de First Quantum, dueña de Minera Panamá.
Para Minera Panamá, aprobar esta ley es mandar una ‘señal a la comunidad internacional de que Panamá es un buen lugar para invertir, con seguridad jurídica y respeto a los acuerdos'.
Pero para Serracín, se está apelando a un discurso ‘hasta cierto punto chantajista', cuando se insinúa que podrían surgir demandas millonarias contra el Estado, más aún cuando el contrato es ‘leonino', en referencia al 2% de regalías que le toca al Estado.
La diputada independiente y excandidata presidencial Ana Matide Gómez declaró en TVN Noticias que un tema ‘tan delicado' como el citado contrato ley debe abordarse en una discusión amplia, sobre todo si Panamá quiere seguir con un modelo económico extractivo ‘con toda la desregulación y los conflictos laborales que hay allí (refiriéndose al sitio de Minera Panamá)'.
Serracín define la coyuntura como ‘el dilema de Panamá'. Una discusión que aunque sea un poco tardía asegura que es necesaria. La coyuntura también es histórica. El vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, fue abogado de Petaquilla Minerals. Además, el contrato original de 1997 fue firmado por Nitzia Villarreal, afín al Partido Revolucionario Democrático y entonces ministra de Comercio e Industrias, hoy es subcontralora.
El nuevo contrato que impulsa el gobierno de Juan Carlos Varela a través del proyecto de ley 766 en sesiones extraordinarias no solo otorgaría nueva vida jurídica a la concesión a nombre de Minera Panamá, sino que además ampliaría su derecho de extracción al oro. La discusión está pautada para iniciar el día de hoy, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, donde ocho de los nueve diputados que la componen no alcanzaron la reelección.
El contrato original concretado en 1997 concesionaba 13,600 hectáreas a Minera Petaquilla S.A. para la explotación de oro, cobre y otros minerales en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Después del abandono de la actividad por parte de Petaquilla, la canadiense First Quantum entra en el escenario y compra el 90% de la empresa; a través de una serie de acuerdos internos entre ellos, Minera Panamá extraería cobre. Sin embargo, como parte del proceso, también produce oro y molibdeno ‘en pequeñas cantidades'.
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), indicó que para cada metal que se pretenda extraer, la empresa debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según la compañía, el EIA que poseen es global.
La minera confirmó la producción de oro como ‘separación del metal secundario' y a través del método de gravimetría. Sin embargo, las facilidades para su procesamiento continúan actualmente en construcción, indicaron voceros de Minera Panamá.
Susana Serracín, abogada ponente de la demanda original interpuesta por el CIAM y cuyo fallo fue favorable -declarando inconstitucional la Ley 9 del 26 de febrero de 1997 que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla- confirmó que el proyecto de ley 766 le abre un radio de acción más amplio, incluyendo la explotación de oro en el nuevo contrato.
Un vacío legal no menor, ya que el precio del cobre se está cotizando a unos US$3 la libra, mientras que el oro se vende a US$1.200 por onza. El molibdeno se comercializa a unos US$13,50 la libra, según los prospectos de negocio de First Quantum, dueña de Minera Panamá.
Para Minera Panamá, aprobar esta ley es mandar una ‘señal a la comunidad internacional de que Panamá es un buen lugar para invertir, con seguridad jurídica y respeto a los acuerdos'.
Pero para Serracín, se está apelando a un discurso ‘hasta cierto punto chantajista', cuando se insinúa que podrían surgir demandas millonarias contra el Estado, más aún cuando el contrato es ‘leonino', en referencia al 2% de regalías que le toca al Estado.
La diputada independiente y excandidata presidencial Ana Matide Gómez declaró en TVN Noticias que un tema ‘tan delicado' como el citado contrato ley debe abordarse en una discusión amplia, sobre todo si Panamá quiere seguir con un modelo económico extractivo ‘con toda la desregulación y los conflictos laborales que hay allí (refiriéndose al sitio de Minera Panamá)'.
Serracín define la coyuntura como ‘el dilema de Panamá'. Una discusión que aunque sea un poco tardía asegura que es necesaria. La coyuntura también es histórica. El vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, fue abogado de Petaquilla Minerals. Además, el contrato original de 1997 fue firmado por Nitzia Villarreal, afín al Partido Revolucionario Democrático y entonces ministra de Comercio e Industrias, hoy es subcontralora.
