Por Prensa Libre
Mario Leal Castillo, excompañero de fórmula de Sandra Torres en las elecciones de 2015, fue localizado en Estados Unidos, informó este viernes el Ministerio Público (MP).
El empresario es requerido por la justicia guatemalteca señalado en los casos Traficantes de influencias y Financiamiento electoral no reportado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
"El Ministerio Público informa que Interpol Guatemala acaba de enviar aclaración a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, indicando que Mario Roberto Leal Castillo se encuentra localizado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América", aclaró el ente investigador dos horas después de conocerse la noticia.
Desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron el caso Traficantes de influencias, en enero de 2018, se sabía que el empresario estaba fuera de Guatemala desde 2016.
En ese caso, Leal Castillo es señalado de ser un intermediario entre empresas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para ofrecer servicios de agilización de la devolución del crédito fiscal a cambio de sobornos.
En su paso por la política, Leal Castillo acompañó en el binomio presidencial de las elecciones de 2015, pero en 2011 había sido financista del Partido Patriota (PP), cuando ganaron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
"Más allá de una ideología, buscamos el bienestar del país. Seguimos en la misma línea socialdemócrata", defendió en 2015 Torres sobre los señalamientos contra Leal Castillo que provenían del expresidente álvaro Colom.
Pero de aquel caso se desprende el más reciente contra Torres y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sobre financiamiento no reportado en 2015, por lo cual era reclamado por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito.
De acuerdo con el MP y la Cicig, la UE utilizó tres empresas, MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y Grupo Empresarial San Felipe S.A., como "centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña".
La investigación señala que el retiro del dinero se hacía a través de mensajeros de empresas de Leal Castillo, así como personas afiliadas al partido, para cambiar cheques de MAARIV, S.A. y trasladar el dinero en efectivo.
Otras dos empresas involucradas en la canalización del dinero que las empresas recaudaban y administraban figuran el Grupo Empresarial San Felipe, S.A., cuyo representante legal es el diputado Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el retiro de inmunidad, y Compañía Agrícola Industrial Solesa, S.A., vinculada a la familia de Leal Castillo.
En total, las autoridades registran un financiamiento no reportado por Q19 millones 351 mil 753.
A pesar del señalamiento, la Corte Suprema dijo no al retiro de inmunidad de Torres y, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio un amparo al MP para que la CSJ vuelva a conocer la solicitud de retiro de antejuicio, esta debe esperar la resolución del amparo en definitiva, para lo cual no hay tiempo, y que en la práctica deja la vía libre a Torres para que pueda participar en las elecciones del 16 de junio.
Mario Leal Castillo, excompañero de fórmula de Sandra Torres en las elecciones de 2015, fue localizado en Estados Unidos, informó este viernes el Ministerio Público (MP).
El empresario es requerido por la justicia guatemalteca señalado en los casos Traficantes de influencias y Financiamiento electoral no reportado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
"El Ministerio Público informa que Interpol Guatemala acaba de enviar aclaración a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, indicando que Mario Roberto Leal Castillo se encuentra localizado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América", aclaró el ente investigador dos horas después de conocerse la noticia.
Desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron el caso Traficantes de influencias, en enero de 2018, se sabía que el empresario estaba fuera de Guatemala desde 2016.
En ese caso, Leal Castillo es señalado de ser un intermediario entre empresas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para ofrecer servicios de agilización de la devolución del crédito fiscal a cambio de sobornos.
En su paso por la política, Leal Castillo acompañó en el binomio presidencial de las elecciones de 2015, pero en 2011 había sido financista del Partido Patriota (PP), cuando ganaron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
"Más allá de una ideología, buscamos el bienestar del país. Seguimos en la misma línea socialdemócrata", defendió en 2015 Torres sobre los señalamientos contra Leal Castillo que provenían del expresidente álvaro Colom.
Pero de aquel caso se desprende el más reciente contra Torres y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sobre financiamiento no reportado en 2015, por lo cual era reclamado por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito.
De acuerdo con el MP y la Cicig, la UE utilizó tres empresas, MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y Grupo Empresarial San Felipe S.A., como "centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña".
La investigación señala que el retiro del dinero se hacía a través de mensajeros de empresas de Leal Castillo, así como personas afiliadas al partido, para cambiar cheques de MAARIV, S.A. y trasladar el dinero en efectivo.
Otras dos empresas involucradas en la canalización del dinero que las empresas recaudaban y administraban figuran el Grupo Empresarial San Felipe, S.A., cuyo representante legal es el diputado Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el retiro de inmunidad, y Compañía Agrícola Industrial Solesa, S.A., vinculada a la familia de Leal Castillo.
En total, las autoridades registran un financiamiento no reportado por Q19 millones 351 mil 753.
A pesar del señalamiento, la Corte Suprema dijo no al retiro de inmunidad de Torres y, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio un amparo al MP para que la CSJ vuelva a conocer la solicitud de retiro de antejuicio, esta debe esperar la resolución del amparo en definitiva, para lo cual no hay tiempo, y que en la práctica deja la vía libre a Torres para que pueda participar en las elecciones del 16 de junio.
