El Consejo Permanente de la OEA sesionará este viernes para analizar la situación de Nicaragua y el diálogo entre gobierno y oposición.

Las conversaciones se cerraron el miércoles con acuerdos parciales, en los que el gobierno se comprometió a liberar a los cientos de opositores presos y restituir garantías constitucionales suprimidas durante la crisis, incluido el derecho a la protesta.

Sin embargo, 'el gobierno no aceptó el adelanto de las elecciones y ningún punto de los que nosotros planteamos' sobre democratización y justicia para las víctimas de la represión, explicó el economista Juan Sebastián Chamorro, de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que participó en las negociaciones.

La crisis estalló en abril del 2018 cuando una protesta contra una reforma al seguro social devino en una demanda de salida de Ortega por la represión que ejerció contra los manifestantes.

El mandatario sostiene que las protestas fueron 'una acción dirigida a derrocar al gobierno' con un golpe de estado.

Grupos de derechos humanos independientes documentaron al menos 325 muertos, cientos de detenidos, más de 50.000 exiliados y el cierre de una docena ONG y medios críticos al gobierno a causa de la represión.

'Yo creo que el país no aguanta llegar hasta el 2021' con Ortega en el poder, coincidió Juan Sebastián Chamorro.

'Otra Venezuela'

El 27 de febrero, el gobierno aceptó volver a la mesa de diálogo con la oposición presionado por las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la caída de la millonaria cooperación que recibía de Venezuela, ahora en crisis.

Venezuela facilitó a Nicaragua más de US$4.800 millones en inversiones y cooperación petrolera entre 2008 y junio del 2018 de acuerdo con datos oficiales.

Con parte de esa cooperación, el gobierno sandinista desarrollaba programas sociales para reducir la pobreza.

Estados Unidos, por su parte, aprobó en diciembre la ley denominada Nica-Act, que al entrar en vigor en junio, restringirá el acceso de Managua a créditos de organismos multilaterales.

La UE también amenazó con aplicar sanciones a Nicaragua si no se resolvía la crisis con el diálogo.

Las medidas amenazan con profundizar la crisis en Nicagua, cuya economía el año pasado se contrajo 3,8%, según datos oficiales.

La crisis provocó además la pérdida de más de 400.000 empleos y el encarecimiento del costo de vida.

A juicio del analista y exdiplomático Mauricio Díaz 'si el gobierno insiste en mantenernos en esta camisa de fuerza (crisis) hasta las elecciones del 2021, nos va a llevar al despeñadero económico'.

Ojalá 'se pueda resolver el problema económica con un adelanto elecciones para evitar otra Venezuela', expresó a la AFP el politólogo José Peraza.

Para el exdiplomático Bosco Matamoros, el país cayó en un 'limbo' y cree que se pueda pactar un adelanto de elecciones este año.

La iniciativa requiere de una reforma constitucional que debe ser aprobada en dos legislaturas (dos años) por el Parlamento, actualmente en manos del oficialismo y donde la Alianza no tiene incidencia.

El derechista Partido Conservador, con representación minoritaria en el Congreso, se ofreció este jueves para apoyar la Alianza a cambio de un espacio en las negociaciones en caso de que sean reanudadas.

'La pelota en la cancha del gobierno'

El miércoles, el gobierno y la oposición dejaron abierta la posibilidad de retomar el dialogo tras un período de 'reflexión', si se dan las condiciones.

'La pelota está en la cancha del gobierno, tiene que mostrar voluntad', liberando a los opositores presos y permitiendo las protestas, dijo Chamorro.

Citó encuestas que indican que 88% de los nicaragüenses quieren que la crisis sea resuelta mediante el diálogo, pero insistió en que el gobierno cumpla con sus compromisos, porque el país aún vive bajo un 'estado de sitio'.

El gobierno reiteró en un comunicado su 'inalterable' voluntad de cumplir con los acuerdos asumidos en el diálogo y su deseo de 'construir cotidianamente los mejores sentimientos que abonen a la reconciliación'.

Oposición convoca a nuevas marnas

Organismos cívicos y políticos de oposición en Nicaragua anunciaron este jueves una marcha el próximo sábado en la capital para presionar al gobierno de Daniel Ortega a cumplir el acuerdo de liberar a las personas detenidas por participar en las protestas antigubernamentales.

La caminata se realizará en la carretera a Masaya (sur) y los organizadores cumplieron el requisito de 'notificar' a la policía para evitar incidentes, dijeron dirigentes de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que convocó la manifestación.

La policía ha negado desde septiembre permiso de manifestaciones a organizaciones cívicas y políticas, y ha reprimido fuertemente la presencia de opositores en las calles.

La represión a las protestas antigubernamentales que estallaron hace un año ha dejado 325 muertos, más de 800 detenidos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.

Con la marcha del sábado 'lo que está sobre la mesa es observar el cumplimiento del gobierno' a los acuerdos parciales alcanzados en el diálogo sobre el derecho de movilización y la liberación de detenidos, explicó el dirigente de la UNAB, Jesús Téfel.

La UNAB, que agrupa a más de 40 grupos cívicos y políticos, anunció una 'nueva fase de resistencia pacífica' que comprende la movilización ciudadana, desobediencia fiscal y denuncia internacional de las violaciones de derechos humanos.

Mientras tanto, delegados del gobierno y la alianza se reunieron con representantes de la Cruz Roja Internacional (CICR) para revisar las listas de presos entregadas por ambas partes que deben ser liberados bajo los acuerdos.

'Hay un equipo que va a trabajar para establecer una lista más depurada para entregar a la Cruz Roja y elaborar un calendario para la liberación' de presos, dijo el jefe de la delegación opositora, Carlos Tünnerman.

El gobierno se comprometió a liberar los manifestantes detenidos en un plazo no mayor de noventa días a partir del 20 de marzo.