Por Diario El Mundo
La calificadora de riesgos Moody’s Investors Service consideró que el riesgo de un entrampamiento político se mantiene elevado en El Salvador y señaló que de ello depende qué tan posible es la ocurrencia de otro evento de crédito, como un impago de deuda.
En un informe sobre la banca salvadoreña, Moody’s reconoce que tanto la aprobación de la reforma de pensiones en 2017 como el pronto aval a los presupuestos de 2018 y 2019 indican que "hay una menor probabilidad de que un impasse político prevenga un acuerdo legislativo para obtener financiamiento de largo plazo".
"Sin embargo, el riesgo político seguirá siendo elevado hasta que se consolide aún más el historial de mejoras en las relaciones políticas entre las partes interesadas clave y los acuerdos legislativos", añadió.
Entre 2016 y 2017, la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa no permitió que el Gobierno obtuviera financiamiento para afrontar sus obligaciones, al punto que en 2017 se cayó en impago, cuando el Ejecutivo no pudo honrar a tiempo las amortizaciones de la deuda previsional.
Esto provocó un profundo deterioro en el perfil crediticio del país y aunque mejoró en los últimos meses, sigue estando en niveles bajos.
Moody’s destacó el acuerdo legislativo para emitir US$1300 millones en financiamiento para cubrir parte del déficit fiscal y el vencimiento de US$800 millones en Eurobonos para este año, pues reducen el riesgo de liquidez.
Pero el regreso de El Salvador a los mercados de deuda no estaría libre de sobresaltos. Al país se le podría complicar el refinanciamiento de su deuda ante "la falta de detalles sobre cómo las promesas de campaña se traducirán en políticas por parte de la nueva administración", dijo Moody’s refiriéndose a los planes del presidente electo, Nayib Bukele.
También podría afectar "el sentimiento adverso de los inversores hacia los soberanos con perfiles crediticios débiles", indicó.
El informe de Moody’s ofrece a la banca una evaluación del perfil macroeconómico del país, al cual considera débil.
La fortaleza económica es baja, afirmó Moody’s, porque el país ha mostrado bajas tasas de crecimiento a lo largo de la última década, promediando 1.5 % entre 2009 y 2017, con una ligera aceleración a 2.4% desde 2015.
La fortaleza institucional también es baja. Aunque se ubica mejor que sus pares en la efectividad del gobierno, la calidad regulatoria y el control de la corrupción, "no lo hace tan bien con el Estado de Derecho".
La susceptibilidad a sufrir un evento de crédito la consideró alta por la posibilidad de que se repita el entrampamiento político.
En febrero del año pasado, Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana salvadoreña a "B3" luego de que la Asamblea aprobara la reforma de pensiones y el presupuesto.
La calificadora de riesgos Moody’s Investors Service consideró que el riesgo de un entrampamiento político se mantiene elevado en El Salvador y señaló que de ello depende qué tan posible es la ocurrencia de otro evento de crédito, como un impago de deuda.
En un informe sobre la banca salvadoreña, Moody’s reconoce que tanto la aprobación de la reforma de pensiones en 2017 como el pronto aval a los presupuestos de 2018 y 2019 indican que "hay una menor probabilidad de que un impasse político prevenga un acuerdo legislativo para obtener financiamiento de largo plazo".
"Sin embargo, el riesgo político seguirá siendo elevado hasta que se consolide aún más el historial de mejoras en las relaciones políticas entre las partes interesadas clave y los acuerdos legislativos", añadió.
Entre 2016 y 2017, la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa no permitió que el Gobierno obtuviera financiamiento para afrontar sus obligaciones, al punto que en 2017 se cayó en impago, cuando el Ejecutivo no pudo honrar a tiempo las amortizaciones de la deuda previsional.
Esto provocó un profundo deterioro en el perfil crediticio del país y aunque mejoró en los últimos meses, sigue estando en niveles bajos.
Moody’s destacó el acuerdo legislativo para emitir US$1300 millones en financiamiento para cubrir parte del déficit fiscal y el vencimiento de US$800 millones en Eurobonos para este año, pues reducen el riesgo de liquidez.
Pero el regreso de El Salvador a los mercados de deuda no estaría libre de sobresaltos. Al país se le podría complicar el refinanciamiento de su deuda ante "la falta de detalles sobre cómo las promesas de campaña se traducirán en políticas por parte de la nueva administración", dijo Moody’s refiriéndose a los planes del presidente electo, Nayib Bukele.
También podría afectar "el sentimiento adverso de los inversores hacia los soberanos con perfiles crediticios débiles", indicó.
El informe de Moody’s ofrece a la banca una evaluación del perfil macroeconómico del país, al cual considera débil.
La fortaleza económica es baja, afirmó Moody’s, porque el país ha mostrado bajas tasas de crecimiento a lo largo de la última década, promediando 1.5 % entre 2009 y 2017, con una ligera aceleración a 2.4% desde 2015.
La fortaleza institucional también es baja. Aunque se ubica mejor que sus pares en la efectividad del gobierno, la calidad regulatoria y el control de la corrupción, "no lo hace tan bien con el Estado de Derecho".
La susceptibilidad a sufrir un evento de crédito la consideró alta por la posibilidad de que se repita el entrampamiento político.
En febrero del año pasado, Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana salvadoreña a "B3" luego de que la Asamblea aprobara la reforma de pensiones y el presupuesto.
