Por estrategiaynegocios.net

El estudio indica que entre 2012 y 2017, 13 de las 21 naciones de la región, empeoraron su
calificación en el índice de corrupción. "La corrupción crea pobreza", explicó Niels Ketelhöhn, uno de los autores del estudio. "Ningún país corrupto es rico, y ningún país rico es corrupto". El costo económico de la corrupción se estima cercano al 5% del PIB mundial, lo que equivaldría en América Latina a US$278,000 millones. Según el estudio, la corrupción disminuye la efectividad del estado, sesga la inversión pública, reduce la eficiencia de los servicios públicos, y aumenta los costos de transacción. Además, ahuyenta a la inversión privada (nacional y extranjera) y distorsiona los esfuerzos del talento empresarial.

Los autores del estudio señalan que la solución al problema debe ser multidimensional. "A nivel individual debemos promover los valores y normas de conducta desde los niveles educativos iniciales. A nivel de las empresas y organizaciones se deben establecer programas anticorrupción que incluyan políticas claras, mecanismos de control, incentivos correctos, y un ambiente que promueva la denuncia de la corrupción. Y, finalmente, a nivel institucional, se deben definir marcos jurídicos adecuados con mecanismos de implementación efectivos", expresa Octavio Martínez, Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) y coautor del estudio.

Por su parte, Susan Clancy, miembro de la facultad de INCAE y también autora del estudio explicó que 'el año pasado, INCAE se convirtió en el primer MBA en tener un curso requerido sobre programas anticorrupción, mejores prácticas en el sector privado y público'. La profesora Clancy actualmente imparte la clase de ética empresarial a los estudiantes de los programas de maestría de INCAE.

El estudio

Transparencia Internacional estima que el costo económico de la corrupción es de 5% del PIB mundial, lo que equivaldría en América Latina a US$278.000 millones. ¿Cómo afecta la corrupción a la economía? La corrupción disminuye la efectividad del estado, sesga la inversión pública, reduce la eficiencia de los servicios públicos, y aumenta los costos de transacción. Además, ahuyenta a la inversión privada (nacional y extranjera) y distorsiona los esfuerzos del talento empresarial.

Otros indicadores de progreso social están también relacionados a la transparencia. Nuestro estudio encuentra que la corrupción está también negativamente relacionada con indicadores de salud, educación, libertades personales, vivienda, seguridad personal, y vivienda. La corrupción es un ancla que impide el desarrollo integral de América Latina.

Recomendaciones desde lo privado

'Dos iniciativas de INCAE Business School que nos pueden servir como ilustraciones sobre el nuevo rol de las escuelas de negocio en la promoción de valores y comportamiento ético son: el Oath Club y el curso de ética Empresarial', dijo Clancy. El primero es una asociación de estudiantes y graduados de la institución que se dedica a promover la conciencia ética entre sus miembros y combatir la cultura de corrupción en América Latina. Como parte de esta iniciativa, los graduandos de la institución hacen un juramento público en el que se comprometen a seguir un código de conductas éticas para la creación de valor económico, social y ambiental sustentable en el largo plazo.

El curso de ética Empresarial trata de generar conciencia sobre el fenómeno de la corrupción en nuestros países y de proveer una formación práctica sobre cómo combatir este flagelo desde los roles de actores tanto del sector público como del privado. El curso trata de proveer una instrucción que trascienda los principios filosóficos y también tangibilice prescripciones prácticas sobre cómo gestionar los retos reales que enfrentan los líderes en su día a día. La discusión de casos de estudio se utiliza como una metodología pedagógica muy efectiva para este tipo de formación.

'A nivel empresarial, podemos reducir las oportunidades para cometer estos ilícitos mediante la implementación de programas anticorrupción', agregó Clancy. Estos programas no sólo deben cumplir con la regulación nacional aplicable, sino también establecer los mecanismos para detectar y sancionar los casos internos de corrupción, así como promover la cultura de integridad y transparencia en la actividad empresarial. Desde el año 2016, la Organización Internacional de la Normalización (ISO) ha establecido el estándar ISO 37001 que sirve de guía para el diseño e implementación de este tipo de programas.

Los programas anticorrupción inician con una política anticorrupción explícita, conocida y compartida por todos los colaboradores de la organización. Deben incluir expectativas de conducta de los socios comerciales en su interacción con entidades de gobierno. También deben contemplar los estándares de transparencia para el manejo de contribuciones, donaciones, patrocinios y cualquier tipo de regalías entre colaboradores de la empresa, funcionarios públicos y partidos políticos. Asimismo, deben establecer los mecanismos de denuncia en caso de sospecha, sin temor a represalias y preferiblemente de forma anónima. Y, finalmente, deben establecer el sistema de sanciones para colaboradores que se involucren en actos de corrupción.

La mejora de la institucionalidad de cada país debe partir del diseño de un marco jurídico que establezca reglas de claras sobre la conducta esperada de los funcionarios en relación con la ética y la transparencia. El marco jurídico es importante para generar el ambiente de control que pueda disuadir a los individuos que se pueden ver tentados por cometer actos de corrupción. El marco jurídico puede incluir sanciones muy costosas para los individuos que están considerando cometer este tipo de ilícito.
Pero, para que se desarrolle un ambiente de control realmente efectivo, el marco jurídico por sí sólo no es suficiente. Las buenas leyes y regulaciones deben ir de la mano de su aplicación rigurosa para que tengan un poder disuasivo significativo sobre posibles malhechores.
Por ejemplo, China es un país con leyes muy severas contra la corrupción. Su marco jurídico incluye incluso la pena capital en caso de faltas graves. Sin embargo, este tipo de sanciones tan severas han tenido un efecto más bien adverso en la incidencia de la corrupción en el país. Los jueces muy raras veces aplican la pena capital posiblemente por las graves consecuencias en caso de fallos incorrectos.
Por lo tanto, las sanciones, por muy grandes que sean, no pueden generar un ambiente de control efectivo en la medida que la probabilidad de condena del funcionario corrupto sea muy baja. Es preferible que el marco contemple sanciones mucho menos severas, pero que sí sean aplicadas con rigurosidad.