La crisis sociopolítica en Nicaragua no inició con las medidas represivas del gobierno de Daniel Ortega contra las manifestaciones en abril del año pasado, sino que es consecuencia de la "involución de la democracia" que comenzó hace 20 años con el pacto político entre el expresidente Arnoldo Alemán y el Ortega, quien fue el sucesor.
Ese acuerdo político entre el entonces presidente Alemán (1997-2000) y Ortega en su rol de opositor fue un factor determinante para erosionar la institucionalidad en Nicaragua, tomando como punto de partida se el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, según se analiza en su Informe de Coyuntura 2018 la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El informe "Nicaragua en crisis política y socioeconómica" indica que si bien el pacto se fraguó a finales de los noventa, su efecto en la democracia e institucionalidad se comenzó a sentir en 2005 y se aceleró con la llegada al poder de Ortega, lo que derivó en menores libertades para los nicaragüenses y ruptura del equilibrio en el poder judicial, entre otros.
Toda esta situación se ve reflejada en los indicadores internacionales sobre democracia e institucionalidad, donde Nicaragua aparece en la cola de América Latina.
"El deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua se debe principalmente al incremento en la dificultad para que la población pueda ejercer sus libertades civiles y políticas: libertad de expresión, de asociación y de manifestación", sostiene Funides como parte de su análisis.
Para ello, el centro de pensamiento hace referencia al índice de democracia liberal preparado por la organización V-Dem y la Universidad de Gotemburgo, en el marco del Informe Anual de la Democracia 2018.
Dicho reporte refleja un deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua en el periodo 2007-2017, ya que pasó de ser clasificado como un país con "libertad política" en la década de los noventa, a uno con "censura significativa" hacia sus ciudadanos en 2017. "Esta clasificación es similar a la obtenida durante la década de los ochenta", resalta.
Durante la gestión de Chamorro ocurrió la reforma parcial a la Constitución en 1995. Así, se redujo el poder del presidente, se reafirmaron los principios del estado de derecho y se buscó un equilibrio entre los poderes estatales.
Además, agrega el informe, las reformas constitucionales de 1995 afianzaban la democracia pluralista y representativa al incorporar la figura de elección por suscripción popular, ampliar los derechos y las garantías civiles y la profesionalización del Ejército.
La incidencia del llamado "pacto" entre Ortega y Alemán se materializó con reformas a la Constitución y a la Ley Electoral en el 2000. "A partir de este arreglo político, se redujo el piso electoral para ganar la presidencia en primera vuelta" al 35 % de los votos, "se distribuyeron los cargos en los poderes del Estado" entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), incluyendo las magistraturas en el poder judicial, entre otros aspectos.
Eso es lo que ha permitido que ahora Ortega utilice el sistema de justicia como arma política contra los que lo adversan.
Caída en el PIB
Los investigadores se refirieron también el desafío económico que enfrenta Nicaragua.El paquete de sanciones que el Gobierno de Estados Unidos aprobó en diciembre 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, aunado a las políticas económicas que impulsa la Presidencia, agravarán este año la recesión económica. Esto ocasionará que el Producto Interno Bruto (PIB) caiga entre 7.3 % y 10.9 %, según proyecciones de Funides.
La última vez que Nicaragua registró un nivel de contracción económica como la estimada por Funides fue en 1988, con una reducción de 12.4 %. Para entonces en el país también gobernaba Ortega.
Las proyecciones económicas de Funides incorporan los efectos de las sanciones que podrían ser impuestas a Ortega con la aprobación de la Nica Act; la declaración de la dictadura como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y el efecto indirecto de la reforma de la Ley de Seguridad Social, así como la posible reforma a la Ley de Concertación Tributaria.
