Por AFP
Las autoridades de Nicaragua 'cometieron v iolaciones graves de derechos humanos durante la llamada 'operación limpieza' destinada a eliminar barricadas, estimó Amnistía Internacional.
En un informe divulgado este jueves, la oenegé de defensa de los derechos humanos asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega 'intensificó su estrategia de represión' contra los manifestantes durante la llamada 'operación limpieza' lanzada para retomar el control de ciudades y carreteras en manos de manifestantes.
Amnistía enumeró en su informe 'torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas'.
'Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria', señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
'En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de 'terroristas' y de 'golpistas', el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión', agregó.
El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de derecho internacional.
Una de ellas fue la de Leyting Chavarría, de 16 años, que murió en la ciudad de Jinotega (norte). 'Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba una honda o tirachinas', señala la oenegé.
Amnistía cita también el caso de Faber López, un policía antidisturbios que 'presuntamente murió en manos de agentes'.
'Aunque el gobierno culpó de su muerte a unos 'terroristas', su familia dijo que el cadáver no tenía heridas de bala, pero sí mostraba señales de tortura. La víspera de su muerte, López había llamado a su familia para decir que iba a renunciar y que si no contactaba con ellos al día siguiente sería porque sus colegas lo habían matado', señala la oenegé.
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social pero derivaron en masivas manifestaciones que fueron respondidas por fuerte represión, en un ciclo de violencia que motivó pedidos de renuncia de Ortega.
Hasta el 24 de agosto, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas, afirmó Amnistía Internacional. Entre las personas fallecidas 21 eran policías.
Las autoridades de Nicaragua 'cometieron v iolaciones graves de derechos humanos durante la llamada 'operación limpieza' destinada a eliminar barricadas, estimó Amnistía Internacional.
En un informe divulgado este jueves, la oenegé de defensa de los derechos humanos asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega 'intensificó su estrategia de represión' contra los manifestantes durante la llamada 'operación limpieza' lanzada para retomar el control de ciudades y carreteras en manos de manifestantes.
Amnistía enumeró en su informe 'torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas'.
'Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria', señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
'En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de 'terroristas' y de 'golpistas', el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión', agregó.
El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de derecho internacional.
Una de ellas fue la de Leyting Chavarría, de 16 años, que murió en la ciudad de Jinotega (norte). 'Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba una honda o tirachinas', señala la oenegé.
Amnistía cita también el caso de Faber López, un policía antidisturbios que 'presuntamente murió en manos de agentes'.
'Aunque el gobierno culpó de su muerte a unos 'terroristas', su familia dijo que el cadáver no tenía heridas de bala, pero sí mostraba señales de tortura. La víspera de su muerte, López había llamado a su familia para decir que iba a renunciar y que si no contactaba con ellos al día siguiente sería porque sus colegas lo habían matado', señala la oenegé.
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social pero derivaron en masivas manifestaciones que fueron respondidas por fuerte represión, en un ciclo de violencia que motivó pedidos de renuncia de Ortega.
Hasta el 24 de agosto, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas, afirmó Amnistía Internacional. Entre las personas fallecidas 21 eran policías.
