Por AFP
Decenas de miles de trabajadores del sector público marcharon este miércoles en la capital de Costa Rica, mientras taxistas bloquearon vías periféricas, luego de más de dos semanas de una huelga indefinida contra un proyecto de reforma fiscal en discusión en el Congreso.
Millares de trabajadores, algunos disfrazados de gato, se concentraron en parque metropolitano La Sabana, en el oeste de la capital, y atravesaron San José hacia la Asamblea Legislativa (congreso) en el este.
'Vamos a decirle a los diputados que no vamos a dar ni un paso atrás. La lucha sigue hasta que retiren el paquete fiscal', declaró Gerardo Mena, participante de la marcha.
La movilización fue denominada sarcásticamente 'marcha de los gatos', en respuesta a quienes decían que solo llegarían 'cuatro gatos', por lo que muchos manifestantes se disfrazaron con bigotes, orejas y colas de felinos.
Los sindicatos del sector público iniciaron la huelga el 10 de setiembre contra un proyecto de reforma fiscal en discusión en el Congreso, que incluye un aumento de impuestos.
Rótulos de 'Ni un paso atrás' y 'No al combo fiscal' se leían entre los manifestantes al recorrer arterias céntricas de San José.
En varios puntos alrededor de la ciudad colapsaron las rutas, incluida la principal carretera nacional que lleva al aeropuerto capitalino y al litoral Pacífico, por un bloqueo de taxistas.
En otras zonas del país, oficiales de tránsito impidieron el paso de 22 autobuses que llevaban a manifestantes a San José, argumentando que no tenían autorización para ello.
'Las unidades no tenían permiso del Consejo de Transporte Público para el servicio que estaban brindando', explicó el director de Tránsito, Germán Marín.
La acción desató una respuesta airada del líder sindical Albino Vargas, quien denunció 'represión' gubernamental contra los manifestantes.
'Lo que hagamos como sociedad en los próximos días determinará el futuro de la nación y de nuestras familias', dijo el presidente Carlos Alvarado la noche del martes en una cadena televisiva.
'El tiempo se agotó, lo que significa que el momento de resolver ya está aquí', agregó el mandatario, al urgir a los diputados a aprobar la reforma fiscal a más tardar en octubre.
Sus críticos reclaman que el grueso de los nuevos impuestos afectarán a los trabajadores, aunque Alvarado aseguró que 80% de la recaudación futura recaerá sobre el 20% de costarricenses con más ingresos.
En el centro de la reforma está la sustitución del actual impuesto sobre la venta de 13% por un impuesto al valor agregado por el mismo valor pero con un alcance mayor, porque incluye servicios.
El Banco Central y el Ministerio de Hacienda hicieron el martes una operación de letras del Tesoro, que permitió al gobierno disponer de 498.000 millones de colones (870 millones de dólares) para hacerle frente a sus gastos hasta fin de año, mientras se aprueba la reforma fiscal.
Debido a la huelga, algunas carreteras están bloqueadas, hay interrupciones en la distribución de combustibles y cierres en el acceso al puerto caribeño de Moín, principal punto de entrada y salida del comercio exterior del país.
Miles de usuarios del sistema público de salud se quedaron sin atención, mientras gran parte de las escuelas y colegios estatales paralizaron labores.
El gobierno y los sindicatos cerraron el martes sin éxito una sexta ronda de negociaciones para buscar una salida a la huelga y fijaron como plazo la noche de viernes para llegar a un acuerdo o suspender las conversaciones.
Decenas de miles de trabajadores del sector público marcharon este miércoles en la capital de Costa Rica, mientras taxistas bloquearon vías periféricas, luego de más de dos semanas de una huelga indefinida contra un proyecto de reforma fiscal en discusión en el Congreso.
Millares de trabajadores, algunos disfrazados de gato, se concentraron en parque metropolitano La Sabana, en el oeste de la capital, y atravesaron San José hacia la Asamblea Legislativa (congreso) en el este.
'Vamos a decirle a los diputados que no vamos a dar ni un paso atrás. La lucha sigue hasta que retiren el paquete fiscal', declaró Gerardo Mena, participante de la marcha.
La movilización fue denominada sarcásticamente 'marcha de los gatos', en respuesta a quienes decían que solo llegarían 'cuatro gatos', por lo que muchos manifestantes se disfrazaron con bigotes, orejas y colas de felinos.
Los sindicatos del sector público iniciaron la huelga el 10 de setiembre contra un proyecto de reforma fiscal en discusión en el Congreso, que incluye un aumento de impuestos.
Rótulos de 'Ni un paso atrás' y 'No al combo fiscal' se leían entre los manifestantes al recorrer arterias céntricas de San José.
En varios puntos alrededor de la ciudad colapsaron las rutas, incluida la principal carretera nacional que lleva al aeropuerto capitalino y al litoral Pacífico, por un bloqueo de taxistas.
En otras zonas del país, oficiales de tránsito impidieron el paso de 22 autobuses que llevaban a manifestantes a San José, argumentando que no tenían autorización para ello.
'Las unidades no tenían permiso del Consejo de Transporte Público para el servicio que estaban brindando', explicó el director de Tránsito, Germán Marín.
La acción desató una respuesta airada del líder sindical Albino Vargas, quien denunció 'represión' gubernamental contra los manifestantes.
Tiempo se acaba
La reforma fiscal, bajo análisis del plenario legislativo, busca contener un creciente déficit fiscal que alcanzó 6,2% del producto interno bruto (PIB) en 2017, y que, si no se implementa la reforma, llegaría a 7,2% del PIB este año, según el Banco Central.'Lo que hagamos como sociedad en los próximos días determinará el futuro de la nación y de nuestras familias', dijo el presidente Carlos Alvarado la noche del martes en una cadena televisiva.
'El tiempo se agotó, lo que significa que el momento de resolver ya está aquí', agregó el mandatario, al urgir a los diputados a aprobar la reforma fiscal a más tardar en octubre.
Sus críticos reclaman que el grueso de los nuevos impuestos afectarán a los trabajadores, aunque Alvarado aseguró que 80% de la recaudación futura recaerá sobre el 20% de costarricenses con más ingresos.
En el centro de la reforma está la sustitución del actual impuesto sobre la venta de 13% por un impuesto al valor agregado por el mismo valor pero con un alcance mayor, porque incluye servicios.
El Banco Central y el Ministerio de Hacienda hicieron el martes una operación de letras del Tesoro, que permitió al gobierno disponer de 498.000 millones de colones (870 millones de dólares) para hacerle frente a sus gastos hasta fin de año, mientras se aprueba la reforma fiscal.
Debido a la huelga, algunas carreteras están bloqueadas, hay interrupciones en la distribución de combustibles y cierres en el acceso al puerto caribeño de Moín, principal punto de entrada y salida del comercio exterior del país.
Miles de usuarios del sistema público de salud se quedaron sin atención, mientras gran parte de las escuelas y colegios estatales paralizaron labores.
El gobierno y los sindicatos cerraron el martes sin éxito una sexta ronda de negociaciones para buscar una salida a la huelga y fijaron como plazo la noche de viernes para llegar a un acuerdo o suspender las conversaciones.
