Por El Diario de Hoy
A un año de la captura del expresidente Elías Antonio Saca González y de seis de sus excolaboradores, la situación jurídica de ellos aún se encuentra en el limbo. Un tribunal de justicia no define todavía si son culpables o inocentes de los cargos que les imputa la Fiscalía General como lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y agrupaciones ilícitas.
La acusación fiscal se basa en que Saca González, con la colaboración de los seis exfuncionarios de su gobierno, desvió US$246 millones del Tesoro Público y luego lavó esa cantidad de dinero.
La tesis fiscal es que ese dinero fue a parar a cuentas personales y a las empresas de Saca a través de una triangulación en la que participaron algunas agencias de publicidad.
Los defensores de Saca y de los exfuncionarios coinciden en que ese dinero proveniente del rubro de gastos reservados se invirtió en los distintos programas que impulsaba la Presidencia de la República.
"Ese (US$246 millones) es el presupuesto de Casa Presidencial, es decir, que si esa tesis de la Fiscalía fuera real, no funcionó Casa Presidencial en los cinco años de su Presidencia, porque él (Saca) se apropió de los fondos", alega Mario Machado, quien defiende al expresidente.
"No hay indicios de que ese dinero pasó a una cuenta personal y luego ese dinero se lo depositaron a las cuentas de Saca y sus empresas", añadió. A Saca González lo arrestaron junto a tres de sus exfuncionarios en la madrugada del 30 de octubre del 2016, justo en la fiesta de boda de su hijo mayor en un centro de recepciones de Antiguo Cuscatlán.
En esa fiesta fueron arrestados César Funes, quien expresidente de la Anda; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Mientras que Elmer Charlaix, quien fungió como su secretario privado, se entregó al día siguiente en la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía.
Los exempleados de Casa Presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera Castellanos, también fueron capturados en sus domicilios.
Transcurrido un año de su detención, aunque está en el tiempo que señala la Ley, los abogados defensores coinciden en que el proceso se ha dilatado porque la Fiscalía General pidió otra prórroga del plazo de instrucción que se vencía el 30 de mayo pasado.
"La Fiscalía ha atrasado la (fase) Instrucción con el argumento de que está en trámite un peritaje financiero contable", dijo Lisandro Quintanilla, defensor de Rank.
Quintanilla agregó que la Fiscalía también espera "información financiera del extranjero sobre supuestas cuentas del expresidente Saca y los otros acusados ".
A raíz de la petición fiscal, el Juzgado Cuarto de Instrucción autorizó otro plazo de seis meses que se termina el 30 de noviembre próximo. Al cumplirse este segundo período, la Fiscalía tendrá cinco días para presentar la acusación formal en contra de Saca y los otros seis acusados.
Desde el momento en el que la Fiscalía acuse de manera formal a Saca y al resto de imputados, entonces, el juzgado podrá definir la fecha de la segunda audiencia, según la oficina de prensa del Centro Judicial.
En esta segunda audiencia se determinará si el expresidente Saca y los seis exfuncionarios van a juicio o quedan exonerado de los delitos que les imputa la representación fiscal.
Triangulación del dinero, según Fiscalía
La tesis fiscal es que los US$246 millones salieron de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República. Los tres exempleados de Casa Presidencial habrían emitido cheques a favor del expresidente Saca y luego eran depositados en dos cuentas personales de Charlaix.
Luego Charlaix sacaba el dinero de sus cuentas personales para depositarlo en cuentas personales de Saca y de sus empresas; así como de personas jurídicas tales como América Publicidad, según el requerimiento fiscal .
Y precisamente en febrero pasado, Policía y Fiscalía capturaron a 14 personas, la mayoría relacionadas a dos agencias de publicidad, bajo la acusación de haber lavado 22 millones de dólares de los 246 millones que le cuestionan a Saca. Este dinero era retornado a las cuentas de las sociedades en las que Saca era accionista como por ejemplo Promotora de Comunicaciones, según el requerimiento fiscal.
La tesis de la Fiscalía apunta que después cambiaron de estrategia en la forma de como apoderarse de los recursos del Estado.
La representación fiscal sostiene que abrieron unas 14 cuentas bancarias a favor de Rodríguez Arteaga y Gómez, en las cuales les depositaban elevadas cantidades de dinero.
Herrera Castellanos y Rodríguez Arteaga elaboraron cheques a Saca y estos cheques eran depositados en dos cuentas personales de Elmer Charlaix. Luego Charlaix emitía cheques de las cuentas bancarias que eran alimentadas de fondos del Tesoro Público de la Presidencia a favor de terceras personas por bienes y servicios, sin someterse los controles de las leyes AFI y LACAP.
Los fiscales señalan que hubo otros cheques que los cobraro en efectivo, pero no se supo el uso y destino de ese dinero.
Las pesquisas han determinado que de ese monto global, $116 millones fueron cobrados en efectivo y que fueron transferidos de cuentas del Estado a las referidas cuentas particulares, e inyectarle capital a las empresas de Saca y Funes.
"Quiero detallar que para disfrazar y perder el origen de los fondos se cobraron US$116 millones en efectivo, incluso el expresidente Saca; otros ocho millones hemos comprobado que fueron lavados", dijo el fiscal general Douglas Meléndez en su oportunidad.
Para desvirtuar la tesis fiscal, el abogado Machado aseguró que gran parte de esos 116 millones sirvieron para el pago de la planilla del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE), pago de compensaciones económicas a algunos funcionarios, la contratación de agencias de publicidad, pago de los viajes de las misiones oficiales del expresidente Saca y su comitiva; entre otros.
"Y así sucesivamente una serie de pagos de las actividades exclusivamente de la Presidencia de la República y de su operación", dijo Machado.
Defensor rechaza delitos
El abogado Quintanilla dice que Julio Rank nunca se "embolsó algún centavo de fondos públicos". A Rank lo acusan de lavar US$4.5 millones provenientes de la partida secreta, pero según Quintanilla, el dinero que recibió su cliente no era producto de ningún peculado, sino que procedía del Presupuesto General de la Nación asignado a la Presidencia de la República. "Esa es la primer premisa totalmente equivocada de la que parte la Fiscalía General", argumenta.
"Resulta que Julio Rank utilizó esos 4.5 millones de dólares en la ejecución de los gastos de la Secretaría de Comunicaciones y ahí se manejaron cinco rubros", dijo Quintanilla.
Y agregó que todo está documentado "con la ejecución de los gastos de la Secretaría de Comunicaciones, monitoreo de medios de comunicación, pago de asesores, y el plan social urbano que comprendía la remoción de edificios en las comunidades.
Considera que la acusación de la Fiscalía tiene bastantes deficiencias jurídicas, y que todo el caso está construído en los informes financieros de los bancos, pero los fiscales nunca investigaron y la acusación está sustentada en el informe de la Seccción de Probidad de la Corte Suprema.
Cuestionó a la Fiscalía por el hecho de que nunca citó a Rank para que explicara la inversión de ese dinero antes de ser acusado y arrestado.
A un año de la captura del expresidente Elías Antonio Saca González y de seis de sus excolaboradores, la situación jurídica de ellos aún se encuentra en el limbo. Un tribunal de justicia no define todavía si son culpables o inocentes de los cargos que les imputa la Fiscalía General como lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y agrupaciones ilícitas.
La acusación fiscal se basa en que Saca González, con la colaboración de los seis exfuncionarios de su gobierno, desvió US$246 millones del Tesoro Público y luego lavó esa cantidad de dinero.
La tesis fiscal es que ese dinero fue a parar a cuentas personales y a las empresas de Saca a través de una triangulación en la que participaron algunas agencias de publicidad.
Los defensores de Saca y de los exfuncionarios coinciden en que ese dinero proveniente del rubro de gastos reservados se invirtió en los distintos programas que impulsaba la Presidencia de la República.
"Ese (US$246 millones) es el presupuesto de Casa Presidencial, es decir, que si esa tesis de la Fiscalía fuera real, no funcionó Casa Presidencial en los cinco años de su Presidencia, porque él (Saca) se apropió de los fondos", alega Mario Machado, quien defiende al expresidente.
"No hay indicios de que ese dinero pasó a una cuenta personal y luego ese dinero se lo depositaron a las cuentas de Saca y sus empresas", añadió. A Saca González lo arrestaron junto a tres de sus exfuncionarios en la madrugada del 30 de octubre del 2016, justo en la fiesta de boda de su hijo mayor en un centro de recepciones de Antiguo Cuscatlán.
En esa fiesta fueron arrestados César Funes, quien expresidente de la Anda; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Mientras que Elmer Charlaix, quien fungió como su secretario privado, se entregó al día siguiente en la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía.
Los exempleados de Casa Presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera Castellanos, también fueron capturados en sus domicilios.
Transcurrido un año de su detención, aunque está en el tiempo que señala la Ley, los abogados defensores coinciden en que el proceso se ha dilatado porque la Fiscalía General pidió otra prórroga del plazo de instrucción que se vencía el 30 de mayo pasado.
"La Fiscalía ha atrasado la (fase) Instrucción con el argumento de que está en trámite un peritaje financiero contable", dijo Lisandro Quintanilla, defensor de Rank.
Quintanilla agregó que la Fiscalía también espera "información financiera del extranjero sobre supuestas cuentas del expresidente Saca y los otros acusados ".
A raíz de la petición fiscal, el Juzgado Cuarto de Instrucción autorizó otro plazo de seis meses que se termina el 30 de noviembre próximo. Al cumplirse este segundo período, la Fiscalía tendrá cinco días para presentar la acusación formal en contra de Saca y los otros seis acusados.
Desde el momento en el que la Fiscalía acuse de manera formal a Saca y al resto de imputados, entonces, el juzgado podrá definir la fecha de la segunda audiencia, según la oficina de prensa del Centro Judicial.
En esta segunda audiencia se determinará si el expresidente Saca y los seis exfuncionarios van a juicio o quedan exonerado de los delitos que les imputa la representación fiscal.
Triangulación del dinero, según Fiscalía
La tesis fiscal es que los US$246 millones salieron de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República. Los tres exempleados de Casa Presidencial habrían emitido cheques a favor del expresidente Saca y luego eran depositados en dos cuentas personales de Charlaix.
Luego Charlaix sacaba el dinero de sus cuentas personales para depositarlo en cuentas personales de Saca y de sus empresas; así como de personas jurídicas tales como América Publicidad, según el requerimiento fiscal .
Y precisamente en febrero pasado, Policía y Fiscalía capturaron a 14 personas, la mayoría relacionadas a dos agencias de publicidad, bajo la acusación de haber lavado 22 millones de dólares de los 246 millones que le cuestionan a Saca. Este dinero era retornado a las cuentas de las sociedades en las que Saca era accionista como por ejemplo Promotora de Comunicaciones, según el requerimiento fiscal.
La tesis de la Fiscalía apunta que después cambiaron de estrategia en la forma de como apoderarse de los recursos del Estado.
La representación fiscal sostiene que abrieron unas 14 cuentas bancarias a favor de Rodríguez Arteaga y Gómez, en las cuales les depositaban elevadas cantidades de dinero.
Herrera Castellanos y Rodríguez Arteaga elaboraron cheques a Saca y estos cheques eran depositados en dos cuentas personales de Elmer Charlaix. Luego Charlaix emitía cheques de las cuentas bancarias que eran alimentadas de fondos del Tesoro Público de la Presidencia a favor de terceras personas por bienes y servicios, sin someterse los controles de las leyes AFI y LACAP.
Los fiscales señalan que hubo otros cheques que los cobraro en efectivo, pero no se supo el uso y destino de ese dinero.
Las pesquisas han determinado que de ese monto global, $116 millones fueron cobrados en efectivo y que fueron transferidos de cuentas del Estado a las referidas cuentas particulares, e inyectarle capital a las empresas de Saca y Funes.
"Quiero detallar que para disfrazar y perder el origen de los fondos se cobraron US$116 millones en efectivo, incluso el expresidente Saca; otros ocho millones hemos comprobado que fueron lavados", dijo el fiscal general Douglas Meléndez en su oportunidad.
Para desvirtuar la tesis fiscal, el abogado Machado aseguró que gran parte de esos 116 millones sirvieron para el pago de la planilla del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE), pago de compensaciones económicas a algunos funcionarios, la contratación de agencias de publicidad, pago de los viajes de las misiones oficiales del expresidente Saca y su comitiva; entre otros.
"Y así sucesivamente una serie de pagos de las actividades exclusivamente de la Presidencia de la República y de su operación", dijo Machado.
Defensor rechaza delitos
El abogado Quintanilla dice que Julio Rank nunca se "embolsó algún centavo de fondos públicos". A Rank lo acusan de lavar US$4.5 millones provenientes de la partida secreta, pero según Quintanilla, el dinero que recibió su cliente no era producto de ningún peculado, sino que procedía del Presupuesto General de la Nación asignado a la Presidencia de la República. "Esa es la primer premisa totalmente equivocada de la que parte la Fiscalía General", argumenta.
"Resulta que Julio Rank utilizó esos 4.5 millones de dólares en la ejecución de los gastos de la Secretaría de Comunicaciones y ahí se manejaron cinco rubros", dijo Quintanilla.
Y agregó que todo está documentado "con la ejecución de los gastos de la Secretaría de Comunicaciones, monitoreo de medios de comunicación, pago de asesores, y el plan social urbano que comprendía la remoción de edificios en las comunidades.
Considera que la acusación de la Fiscalía tiene bastantes deficiencias jurídicas, y que todo el caso está construído en los informes financieros de los bancos, pero los fiscales nunca investigaron y la acusación está sustentada en el informe de la Seccción de Probidad de la Corte Suprema.
Cuestionó a la Fiscalía por el hecho de que nunca citó a Rank para que explicara la inversión de ese dinero antes de ser acusado y arrestado.
