Aumento de ayuda militar estadounidense divide a Costa Rica
Por:
Agencias-El País,
el
lunes, 12 de julio de 2010
El Congreso de Costa Rica autorizó la llegada de 46 buques artilleros, 200 helicópteros, 10 aviones, un portaviones y 7.000 soldados estadounidenses. La noticia tardó minutos en difundirse por toda Latinoamérica, una región donde muchos miran con recelo cualquier despliegue del poder militar de Washington.
Enfrentar el narco sin violentar la tradición de no-violencia de Costa Rica es el gran desafío que tiene Larua Chinchilla.
Costa Rica ha debido permitirse una excepción en su discurso
por el desarme mundial. La apremiante expansión del narcotráfico por mares y
tierras en la cintura del continente americano ha sido el argumento para abrir
las puertas a equipos y tropas de Estados Unidos.
El Congreso de Costa Rica
autorizó la llegada de 46 buques artilleros, 200 helicópteros, 10 aviones, un
portaviones y 7.000 soldados estadounidenses. La noticia tardó minutos en
difundirse por toda Latinoamérica, una región donde muchos miran con recelo cualquier
despliegue del poder militar de Washington.
Este país centroamericano
carece de Ejército desde 1948 y no pierde oportunidad en proclamarlo. Pero el
narcotráfico amenaza su imagen de un país tradicionalmente pacífico, enclavado
en una región violenta, pero que ahora no ha conseguido controlar el paso de
las mafias por su territorio.
Los congresistas costarricenses aceptaron la ayuda militar
estadounidense, aunque el convenio lleva 11 años funcionando.
La polémica ha
surgido ahora porque los barcos son controladas por la Armada, y no por la
Guardia Costera de Estados Unidos. La capacidad de los buques y la cantidad de
tropas autorizadas ha causado tal revuelo que la presidenta de Costa Rica,
Laura Chinchilla, debió aclarar que el país no se está militarizando y que las
operaciones serían solo de apoyo, sin intenciones bélicas.
Las fuerzas militares, aprobadas con el apoyo de los
diputados afines a la presidenta Chinchilla, superan las aprobadas en otros
años.
El permiso militar incluye hasta un portaviones de 258 metros de eslora,
con capacidad para transportar a 1.500 marines que desembarcarán uniformados y
permanecerán en el país centroamericano desde este mes hasta diciembre.
"Me muero del miedo de pensar que puedo subir al bus y tenga que sentarme
al lado de un soldado de Estados Unidos, con traje de fatiga y arma de guerra",
dijo un joven universitario en uno de los foros que se han creado por decenas
en Internet en protesta por la llegada de tropas estadounidenses.
Recelo internacional
Pero el mayor impacto trasciende las fronteras de Costa
Rica. La oposición costarricense impugnó ante la Corte Constitucional el
permiso otorgado. El recurso fue presentado por el diputado y ex candidato
presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, de centro derecha),
Luis Fishman.
"La magnitud de la fuerza autorizada, su capacidad
destructiva, la amplitud del plazo del permiso y la condescendencia para que
entren y salgan de puerto prácticamente de forma irrestricta, hacen que su sola
presencia, aun en el caso que efectivamente se dediquen exclusivamente a las
actividades enunciadas, se constituya en un factor de posicionamiento
geopolítico con implicaciones claras, si no bélicas, al menos
logístico-castrenses", afirma la propuesta.
Letras más o letras menos, el
permiso concedido ha sido interpretado así por el bloque bolivariano de América
Latina, según han opinado medios como Prensa Latina o Mercosur, identificados
con el Gobierno de Hugo Chávez.
El pretexto "es combatir el narcotráfico,
pero todos sabemos que con esta flota lo que se pretende son acciones desestabilizadoras
en toda la región de Centroamérica y el Caribe, e incluso América del
Sur", advirtió Édgar Morales, dirigente de uno de los principales
sindicatos de Costa Rica, en la página oficial de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creada en 2004 por Chávez.
El gobierno de Costa Rica, no obstante, evita la palabra
"militarización". Aun cuando el ministro de Seguridad, José María
Tijerino, reconoció ante la prensa el aumento de la capacidad bélica en las
naves y en la cantidad de soldados aprobados.
Pese a ello, Tijerino insistió en
que la ayuda aprobada servirá sólo en apoyo a la Guardia Costera costarricense
y que no supliría las funciones de la policía del país centroamericano. Su
mayor argumento es que las fuerzas de seguridad costarricenses no pueden evitar
que el narcotráfico utilice sus mares para trasladar droga a Estados Unidos, el
principal consumidor del mundo.