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Contrato ENEL-CEL fue “privatización encubierta”, según Asamblea de ES

Lunes 26 de agosto, 2013.
 

 

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aseguró que permitir a la italiana ENEL obtener con el paso del tiempo más acciones en la generadora eléctrica LaGeo era una “privatización encubierta” de un recurso estratégico del Estado, según indica el informe preliminar de la comisión especial que investigó el caso.

Por: Transparencia Activa

Una investigación de la comisión especial de la Asamblea Legislativa de El Salvador afirma que se subvaluaron los activos producidos por LaGeo para venderlos a la mitad de la utilidad producida anualmente por la electricidad a base de vapor, para que de esa forma ENEL ganará más acciones y se convirtiera en la propietaria de la generadora estatal.

La Asamblea Legislativa aseguró que permitir a la italiana ENEL obtener con el paso del tiempo más acciones en la generadora eléctrica LaGeo era una “privatización encubierta” de un recurso estratégico del Estado, según indica el informe preliminar de la comisión especial que investigó el caso.

En una de las conclusiones del documento, el Congreso indica que los responsables de la CEL y LaGeo subvaluaron los activos producidos por la actividad geotérmica, para venderlos a la mitad de la utilidad producida anualmente por la electricidad a base de vapor.

El Parlamento aseguró que esto permitió que ENEL se convirtiera en un socio capitalista mediante la adquisición de acciones por capitalización de inversión, sin tomar en cuenta que la geotermia es un recurso limitado.

“Y sin haber defendido los intereses del Estado a lo cual estaban obligados”, subraya la comisión legislativa en el informe que se publicó a finales de la semana antepasada.

El documento de la Asamblea detalla también que esta acción evidencia violación al artículo 86, inciso tercero, y al 120 de la Constitución.

Este último dice: “En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”.

Las conclusiones y las recomendaciones del informe legislativo las publicó la semana pasada Transparencia Activa y entre estas se destaca la petición del primer órgano del Estado a la Fiscalía de investigar al expresidente de la República, Francisco Flores; al exministro de Economía, Miguel Lacayo; y, al expresidente de la CEL, Guillermo Sol Bang.

Además, le solicitó a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigar la variación del patrimonio de los exfuncionarios señalados y de los exsuperintendentes generales de Electricidad y Telecomunicaciones, José Luis Trigueros y Ernesto Lima Mena.

Negligencia de directivos

El informe preliminar señala que los directivos de la CEL y de LaGeo del período de 1999-2004 actuaron de manera negligente “y excedieron las atribuciones otorgadas por las leyes secundarias y la Constitución de la República”.

La comisión legislativa afirma esto luego de analizar los documentos referidos al contrato CEL/ENEL y de las declaraciones del caso. Son 14 personas que para el Congreso actuaron negligentemente en la suscripción del contrato y tres de ellos tienen puestos directivos en ambas entidades.

Los que conformaban la junta directiva de la CEL en ese entonces eran: Guillermo Sol Bang, Jorge José Simán, Manuel Rosales Torres, Pedro José Escalón Reyes, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría, Aldo Manuel Miranda Sol y Tomas Hawk Baker.

Los directivos de LaGeo eran: Jorge Simán Zablah, Óscar Armando Valdez Irahheta, Roger Martín Avilez Herdocia, Ricardo Palomo Déneke, Mario Christopher Selva Breyel, Carlos Mauricio Novoa González, Tomas Hawk Baker y Pedro José Escalón Pacas.

Los diputados recalcan en el informe que los funcionarios de la CEL suscribieron el contrato con ENEL excediéndose en sus facultades constitucionales y otorgando a una empresa privada un recurso estratégico del Estado.

 

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