seorimícuaro
ÚLTIMA HORA ►

Guatemala focaliza fallos que acatará de la Corte-IDH

Miércoles 2 de enero, 2013.
 

 

Presidente Otto Pérez.

 

El Estado de Guatemala sólo acatará sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por casos ocurridos después de marzo de 1987, alegando una inadecuada interpretación de una salvedad hecha hace 25 años, según un documento publicado este miércoles y firmado por el presidente del país, Otto Pérez.

Por: AFP

“Guatemala reconocerá toda reparación por hechos con posterioridad al 9 de marzo de 1987 y hasta por valores o formas de reparaciones que no excedan” la legislación nacional, dice parte del acuerdo publicado este miércoles en el oficial Diario de Centroamérica.

Guatemala hace la aclaración porque tanto la Comisión de Derechos Humanos en Washington y la Corte no han interpretado “adecuadamente” la condición que el país expuso en 1987 cuando se estableció que los casos a procesar serían “exclusivamente” para “aquellos acaecidos” después de esa fecha, indica el texto.

“Considerando que la reserva hecha por el Estado de Guatemala no ha sido interpretada adecuadamente (…) corresponde hacer una declaración interpretativa de dicha reserva, para su comprensión y aplicación conforme a la voluntad del Estado”, explica el escrito.

Guatemala reconoció la competencia de la Corte-IDH en 1987 y el acuerdo del gobierno no menciona si cumplirá con sentencias recientes sobre violaciones de los derechos humanos ocurridas antes de ese año.

La Corte, con sede en Costa Rica, ha emitido 17 sentencias contra el Estado de Guatemala desde 1999, según la estatal Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), en su mayoría por masacres, asesinatos y desapariciones contra población indígena y líderes obreros durante la guerra civil.

Entre el pasado septiembre y noviembre se dictaron tres sentencias en las que se condenaba al Estado por violaciones de derechos humanos registradas durante la Guerra Civil; entre 1960 y 1996.

Un caso se refiere a cinco masacres contra la comunidad de Río Negro ejecutadas por el Ejército y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil en 1980 y 1982.

Otras dos sentencias fueron por la desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Edgar Fernando García, en 1984, así como por las desapariciones de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco, conocido como el “Diario Militar”, entre 1983 y 1985.

Representantes de organizaciones de derechos humanos calificaron la acción del gobierno como un “retroceso” en el acceso al sistema interamericano de justicia para las víctimas de la guerra que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según Naciones Unidas.

“Aquí se está protegiendo a personas vinculadas a estos hechos (violaciones a derechos humanos). Se debe hacer justicia en todos los casos, no solamente en los cometidos por el Estado”, reaccionó Juan Francisco Soto, activista del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.

El Estado de Guatemala, en la mayoría de los fallos, ha cumplido parcialmente con puntos resolutivos respecto a los actos públicos de reconocimiento de su responsabilidad y resarcimiento económico a las víctimas.

 

COMENTARIOS:

Hosting Uruguay