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No podemos seguir recibiendo las balas

Martes 10 de enero, 2012.
 

 

La agenda regional 2011 tuvo como tema predominante el de seguridad. Desbordados por la ola de violencia, los gobiernos centroamericanos emprendieron esfuerzos para obtener recursos que les permitan enfrentar este flagelo.

Por: Alberto López

La unión hace la fuerza. Esta fue la premisa en el tema de seguridad en Centroamérica durante el 2011. Reunidos en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) unieron esfuerzos en junio de este año, buscando recabar apoyos financieros para la estrategia de seguridad regional.

Fue una reunión con países amigos y organismos internacionales en la que se llegó a ofrecimientos, entre cooperación y préstamos, de hasta US$2.000 millones.

Es que las dimensiones de la problemática rebasaron ya las capacidades de los Estados de la región: solo en el 2010, Centroamérica gastó US$3.975 millones en seguridad y justicia, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dado a conocer en dicho encuentro celebrado en Guatemala, a finales de junio.

En su estudio Crimen y violencia en Centroamérica 2011, divulgado en el marco de dicha actividad, el Banco Mundial (BM) advirtió que el narcotráfico es el principal detonante de los altos niveles de violencia en la región.

Los flujos financieros relacionados con este delito son muy altos y el valor agregado solo del trasiego de cocaína del corredor centroamericano se estima en 5% del Producto Interno Bruto regional.

El diagnóstico del BM cita un dato estremecedor: en el 2006 Centroamérica registró 14.257 asesinatos. España, con una población equivalente a la de todo el istmo, tuvo apenas 336.

Según el análisis, tras ese elevado número de muertes se encuentra el tráfico de drogas –90% de la cocaína que llega a Estados Unidos fluye a través del corredor centroamericano– y el fenómeno de las maras, que suma en Centroamérica unos 70.000 miembros. También las abundantes armas de fuego que circulan en la región –unos 4,5 millones, en su mayoría ilegales– a finales del 2007.

Si bien en la reunión de medio año en Guatemala se hizo énfasis en el concepto de “corresponsabilidad” de los países cuyas poblaciones fomentan el tráfico de drogas por la región, por medio del consumo, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, intentó desmarcarse y regresó la pelota a la cancha de los empresarios centroamericanos, proponiendo un impuesto especial para financiar la seguridad, similar al que Colombia y otras naciones del continente ya han implementado.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de la ONU, presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), en América del Norte habita el 40% de los consumidores de droga en el mundo y un 90% de la droga que llega a territorio estadounidense pasa por Centroamérica.

El documento señala que Estados Unidos consumió 157 toneladas de cocaína en el año 2009, superando incluso a Europa central y occidental, que requirió 123 toneladas del alcaloide.

CA pone la sangre

Tanto el presidente de México, Felipe Calderón, como el presidente saliente de Guatemala Álvaro Colom, se pronunciaron en septiembre en Naciones Unidas por la corresponsabilidad de los países consumidores.

“No podemos seguir poniendo la sangre y recibiendo las balas. Necesitamos que los países (consumidores de drogas) acepten su responsabilidad por los asesinatos que se cometen en nuestro territorio”, dijo Colom en la sede de la ONU en Nueva York.

El mandatario guatemalteco declaró que territorios completos de su país fueron tomados por el narco, lo que le obligó a declarar estados de emergencia en las zonas de Alta Verapaz y Petén para frenar el acoso de narcotraficantes mexicanos.

Calderón advirtió que es urgente “establecer mejores controles en países productores y vendedores de armas de alto poder, para que estas no sigan alimentando los arsenales de los delincuentes”, y emplazó a estos “a encontrar la solución que corte esa fuente de financiación y alternativas que eviten que el dinero del narcotráfico siga siendo el origen de violencia y muerte, particularmente en América Latina y el Caribe”.

Antes, a finales de marzo, durante una gira por Latinoamérica que lo llevó a El Salvador, el presidente estadounidense Barack Obama comprometió el aporte de más de US$200 millones para apoyar el combate a la criminalidad en toda el área. El mandatario ha declarado en diferentes ocasiones que se necesita además de la cooperación de otras naciones y regiones amigas.

Pero la factura de seguridad sigue subiendo y los fondos concretos aún no fluyen con claridad absoluta. En un encuentro de titulares de seguridad de la zona, a principios de noviembre pasado, se determinó que Centroamérica necesita US$3.000 millones para financiar la tercera parte de su estrategia de seguridad, es decir, para ocho planes de los 22 proyectos que contiene la iniciativa completa.

“Hemos estimado que el costo inicial puede andar por US$3.000 millones. Tenemos ofrecimientos de US$2.000 millones, US$1.500 millones en créditos súper blandos y US$500 millones de ayuda no reembolsable”, declaró el viceministro de Seguridad salvadoreño, Henry Campos, en el marco de la reunión en San Salvador con sus homólogos de la zona.

Campos adelantó que en diciembre, El Salvador iniciará la gestión de recursos. Entre los planes figuran la disminución de la violencia social desde los municipios, la modernización de los sistemas penitenciarios en el istmo y la profesionalización de las Policías centroamericanas.

Honduras no se anduvo con tapujos y aprobó a finales de junio un impuesto especial para financiar los planes de seguridad, fondos que servirán inclusive para la compra de una flota de nuevos aviones caza Súper Tucanos, de la brasileña Embraer.

La denominada Ley Temporal de Seguridad Poblacional, vigente hasta el año 2016, grava en Honduras con 5% a las cuentas bancarias con saldos promedios superiores a US$5.000; en 21% el volumen de ventas de la telefonía celular; en 0,05% los ingresos brutos de las comidas rápidas; en 5% las exportaciones mineras y en 1% las operaciones de los casinos.

Además, el presidente hondureño Porfirio Lobo y la Policía de ese país estarían evaluando otorgar más potestades legales para labores de seguridad pública a la Fuerza Armada; proyecto que se analizaba a finales de noviembre pasado.

Guatemala, en cuyo territorio se vivieron en 2011 matanzas atribuidas al grupo delictivo mexicano de Los Zetas, también evalúa un impuesto similar, pero en el sector de turismo, lo que le permitiría pagar un préstamo por casi US$200 millones para la compra de un moderno sistema de radares y aviones brasileños Súper Tucanos y otros equipos, conocido como C4i, adquiridos para el combate del crimen y el narcotráfico.

El concepto de C4i, comando, control, comunicaciones, computación e inteligencia, reúne aspectos relacionados con instalaciones, computadoras, software, torres de control, equipo de comunicación, radares primarios, secundarios, equipo especial, vehículos terrestres, marítimos y aviones. Además, policías, soldados, técnicos, peritos y analistas se integran en un solo centro de comando.

El Salvador ha dejado en stand by una iniciativa de impuesto a la seguridad por la oposición de la empresa privada, también congeló el proyecto de compra de una flota de aeronaves Embraer Súper Tucano.

Acción conjunta

A principios de noviembre, la ONU confirmó que El Salvador era el país más violento del mundo con la tasa de homicidios más alta por cada 100.000 habitantes, lo que coincidió con la renuncia del ministro de Seguridad, Manuel Melgar; casi 15 días después, el presidente Mauricio Funes asignó en el cargo al ex ministro de la Defensa, el militar en retiro David Munguía.

Munguía se reunió a finales de noviembre con su homólogo hondureño, Pompeyo Bonilla, y acordaron buscar la homologación de leyes de ambas naciones, en especial para el combate a las pandillas.

Por su parte, Panamá y Costa Rica, sin fuerzas armadas, establecieron en septiembre una comisión binacional de seguridad fronteriza para combatir el tráfico humano, de drogas, de mercancías y el cuatrerismo.

El acuerdo permitirá crear un mecanismo rápido de defensa y seguridad para combatir el tráfico de seres humanos, el narcotráfico y el contrabando, entre otros delitos que promueve el crimen transnacional en la línea fronteriza, según se informó de manera oficial por ambos gobiernos.

Panamá, pese a no poseer un Ejército, le viene apostando fuertemente a la seguridad a todo nivel con inversiones millonarias.

Entre otras apuestas, a principios de este año, dio a conocer la compra de cuatro aviones no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), para el combate al narcotráfico, la vigilancia de sus fronteras y de su espacio aéreo, por un monto de inversión de US$16 millones en los equipos y un gasto de operación anual de hasta US$93 millones. Las aeronaves serán recibidas a finales de este 2011.

Nicaragua, en relativa calma en cuanto al crimen y la delincuencia respecto al resto de sus vecinos, tampoco se duerme en sus laureles, pues recibirá de Rusia una cooperación por US$26,5 millones durante los próximos tres años, sobre todo para modernizar las unidades de rescate del Ejército y crear dos hospitales para atender a víctimas de desastres naturales, entre otros fines.

El presidente Daniel Ortega anunció también que reforzará a las fuerzas armadas de su país con más soldados, mejores salarios, equipo y aviones, todo para un mejor combate al narcotráfico.

Para el militar colombiano Luis Villamarín, experto en temas de seguridad, se debe dar una lucha integral al crimen organizado en la región.

“En la lucha contra el crimen, no solo debe incluirse una acción militar, sino también programas sociales y de rescate de valores”. Además es importante la vinculación internacional, “en especial en el tema del consumo”, dijo.

El combate que incluye a las fuerzas armadas, aseguró Villamarín, debe abarcar el equipamiento necesario, dados los altos ingresos de los “narcoterroristas”. El experto recomendó en la lucha contra el narcotráfico dejar afuera las ideologías y hacer del combate un tema de país y de región.

 

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